lunes, 8 de febrero de 2016

ALKA SELTZER
 
Cuando algunos españoles aprendan a distinguir entre mal gusto y delito, nuestra sociedad habrá dado un gran paso adelante en lo cultural. Las leyes penales, creadas como último recurso frente a los abusos de los infractores son, desde siempre, materia de portada periodística y tema de arranque para los telediarios. Cuando eso sucede, y ya les digo que sucede a diario, nos encontramos con la normalización de lo insólito y acabamos llamando Estado de Derecho a que, como reacción jurídica ante cualquier chorrada, jueces rigurosos, fiscales con obediencia debida y conjuntos de personas que casualmente se sienten ultrajadas en sus más íntimas convicciones el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, tomen la decisión de matar moscas a cañonazos.
 
 
 
 
Tan peculiar actividad cinegética se desarrolla, cómo no, en el ámbito de un organismo jurídico con tufillo a excepcionalidad, como es la Audiencia Nacional -a la que no calificaré como heredera del Tribunal de Orden Público a través del Tribunal Central de lo Penal, porque lo ha dicho ya tanta gente muchísimo más preparada y erudita, que no merece la pena ponerse a la tarea-, en la que se domina con singular maestría el arte de hacer pasar por estrictamente jurídico lo que más de una vez y más de dos tiene un claro componente político. Tampoco es que haga falta esforzarse en demasía, teniendo, como tenemos, gobiernos especializados en hacer la ley para que se pueda hacer la trampa…, por no decir que se legisla la trampa para que nadie pueda calificarla como tal. Luego está lo del derecho al juez predeterminado por la ley y tal y cual…, pero es que al Derecho español le pasa un poco lo que a la ortografía castellana, que sería sencillísima si no fuese porque está llena de excepciones…, ya saben, las palabras que acaban en “gía” se escriben con “g”, menos “herejía”, entre otras…, y yo ya me entiendo…, y las que llevan “gen” van con “g”…, menos, por ejemplo, “berenjena”…, no…, nada, cosas mías también… Del mismo modo tenemos una Constitución que prohíbe expresamente los tribunales de excepción y garantiza al individuo el derecho al juez predeterminado por la ley; pero lo garantiza de modo tal que uno pueda ser juzgado de manera excepcional dentro de la más estricta y respetuosa normalidad constitucional.
 
La Constitución es lo que tiene…, coherencia global…, que viene a ser algo así como que, en plan axioma indiscutible, las contradicciones que puedan hallarse en su texto no son contradictorias. Así, los españoles somos iguales a todos los efectos, pero eso no choca con el hecho de que haya un español que nace titular de principados, ducados, condados y señoríos cargados de historia por aquello de que va a ser Rey, porque como se ha decidido que la constitución es coherente sí o sí…, y de igual manera se garantiza que a todos nos correspondan los mismos jueces salvo cuando el imperativo legal dispone que nos corresponden otros distintos, para bien en el caso de los aforados, para mal en el de los titiriteros metepatas. Pues eso, coherencia global: todo es coherente porque la intención última del discurso constitucional prevalece sobre cualquier disonancia que pueda haber en su seno por estrepitosa que pueda resultar.
 
Cuando todo esto se une a la función tradicional del Derecho de proteger a la sociedad de los robaperas, los bocachanclas y los marginales en general, acaban dibujándose abismales agravios comparativos, como la extrema dificultad de proceder de manera eficaz contra las infracciones de cuello blanco procedentes del poder político, mientras que cualquier mindundi, por sacar los pies del plato para provocar o llamar la atención, se ve en prisión sin fianza acusado de extinguir los dinosaurios, derretir la Antártida con soplete en ratos libres o matar a la mamá de Bambi a dentelladas delante de un grupo de alumnos de primaria..., y luego todos a casa a ver culebrones, realitys, debates de cotilleo faltón y demás exhibiciones de exquisita protección a los derechos de la infancia
 
Si en la defensa de la sociedad insistimos en que la excepcionalidad sea la regla general es que algo estamos haciendo rematadamente mal…, y de manera deliberada. Una Administración de Justicia que reacciona tan desaforadamente ante una jautada como la de “Alka-ETA”, a buen seguro necesita un buen vaso de Alka Seltzer.